Organizaciones representantes de agencias de viajes en España han presentado recursos legales ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el nuevo contrato para la gestión de viajes de la Administración General del Estado. El proceso licitatorio, dotado con presupuesto cercano a los 605 millones de euros, ha generado controversia respecto a su estructura y requisitos.

Las patronales argumentan que la licitación carece de especificaciones explícitas sobre habilitación empresarial y requisitos sectoriales. Según sus planteamientos, la convocatoria debe establecer con claridad los estándares profesionales y la normativa aplicable al sector, garantizando que todos los operadores compitan bajo las mismas condiciones. Este enfoque, señalan, es fundamental para asegurar transparencia y equidad en procesos de contratación pública, evitando que prácticas cuestionables se consoliden en futuras licitaciones.

Los recursos también cuestionan aspectos técnicos y operativos del pliego. Las organizaciones señalan la falta de justificación en la estructura de costos, la exigencia de descuentos lineales en tarifas aéreas —que consideran legalmente problemática— y la inclusión de prestaciones descritas como "operativamente imposibles de cumplir" según las dinámicas del mercado de transporte. Además, advierten sobre posibles vulneraciones de normativas de otros sectores, incluyendo protección de datos, regulación de seguros y el Reglamento de IATA.

Esta impugnación se suma a antecedentes similares. En ciclos anteriores, organizaciones del sector ya habían cuestionado procesos de contratación de servicios de agencia de viajes por infracciones normativas y violación de principios de libertad de empresa y competencia, aunque algunos de estos recursos quedaron sin resolución tras quedarse desiertos los concursos por falta de ofertas.