Gobiernos de la región centroamericana enfrentan el desafío de mantener abiertos destinos turísticos de alto valor mientras gestionan riesgos geológicos crecientes. Costa Rica ha declarado alerta verde en el Parque Nacional Volcán Poás tras detectar incremento en actividad sísmica, erupciones y emanaciones de gases, lo que ha llevado a la implementación de protocolos más rigurosos de seguridad en colaboración entre la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Las medidas adoptadas incluyen restricciones significativas en el acceso: solo dos senderos permanecerán habilitados, el uso de casco de seguridad será obligatorio para todos los visitantes, y la capacidad del mirador se ha reducido a 56 personas por turno, limitando el aforo diario a la mitad de su capacidad habitual. Estas decisiones reflejan un cambio en la gestión de riesgos volcánicos, donde las autoridades priorizan la seguridad sin cerrar completamente el acceso público. El personal de vigilancia ha sido intensificado en el sitio, y los protocolos de evacuación han sido actualizados para responder a posibles emergencias.

Históricamente, el volcán ha mostrado ciclos de actividad variable. Entre 2006 y 2016 registró erupciones freáticas, pero 2017 marcó un punto de inflexión con una explosión freatomagmática que destruyó el domo cratérico y obligó al cierre prolongado del parque por más de un año. Tras un período de relativa estabilidad entre 2018 y 2023, durante el cual se restauró temporalmente un lago y se instalaron sistemas avanzados de monitoreo, el parque reabrió bajo normas estrictas. Desde 2024, la vigilancia constante subraya la necesidad de mantener protocolos dinámicos que equilibren la actividad turística con la protección de visitantes y comunidades cercanas, estableciendo un modelo que otras jurisdicciones con volcanes activos observan como referencia para la gestión de riesgos geológicos en espacios de uso público.