Regulación del alojamiento temporal en CDMX enfrenta presión del sector anfitrión

Diversas organizaciones de anfitriones en la Ciudad de México han presentado un llamado formal al Gobierno local para revisar y eliminar el límite anual del 50 por ciento sobre las noches permitidas para el alojamiento temporal. El comunicado conjunto fue suscrito por agrupaciones como la Comunidad de Pequeños Anfitriones, Todos Somos Anfitriones, la Red de Mujeres Anfitrionas, la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas, la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional y el Frente Unido por la Hospitalidad, lo que evidencia un frente gremial consolidado con capacidad de interlocución política.

Desde que la medida entró en vigor hace dos años, los operadores del sector han documentado un impacto directo sobre la viabilidad de sus modelos de negocio. Las restricciones no se limitan al número de noches habilitadas: también abarcan condicionantes sobre el uso de inmuebles y el registro de unidades, configurando un marco regulatorio que, según los anfitriones, carece de sustento en datos empíricos sobre su efecto real en la disponibilidad de vivienda o en la dinámica urbana de la capital.

Más allá del debate sobre la regulación de plataformas digitales de hospedaje —un fenómeno que ciudades como Barcelona, Amsterdam y Nueva York han abordado con enfoques divergentes—, el caso de CDMX plantea una tensión estructural entre la política habitacional y el desarrollo turístico. Los anfitriones proponen transitar hacia un modelo regulatorio basado en evidencia, que contemple los aportes del sector a la economía local sin sacrificar la certeza jurídica que requieren tanto los operadores como los visitantes. Para los tomadores de decisiones, el desenlace de esta negociación marcará un precedente relevante en la gobernanza de la economía colaborativa en México.