Operadores independientes de hospedaje en Ciudad de México han intensificado su confrontación con las autoridades locales respecto a una regulación que restringe la oferta de alojamiento a través de plataformas digitales a solo el 50 por ciento de las noches del año. La medida, incorporada en la reforma de 2024 a la Ley de Turismo local, ha generado una disputa sobre la viabilidad económica y la justificación técnica de la limitación.

Representantes de la Comunidad de Pequeños Anfitriones argumentan que la restricción carece de fundamento técnico y constituye una prohibición parcial más que una regulación equilibrada. Según Blanca Lolbé, integrante de la organización, "no hay un estudio ni un diagnóstico que la respalde". La comunidad ha señalado que algunos operadores ya han obtenido amparos judiciales contra la medida, evidenciando la vulnerabilidad legal del marco regulatorio. A pesar de participar en espacios de diálogo como el Martes Ciudadano encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportan no haber recibido respuestas sustantivas del Gobierno capitalino.

Desde 2017, este sector ha contribuido aproximadamente 22 mil millones de pesos en concepto de impuesto sobre hospedaje a las arcas municipales. Los operadores, mayormente propietarios de entre una y tres unidades, han argumentado que la restricción amenaza su sustento y que su participación en el mercado no es causa determinante de la crisis de vivienda en la ciudad. La comunidad, integrada por aproximadamente dos mil miembros formalizados aunque se estima que hay al menos diez mil activos, ha presentado propuestas al Congreso local y mantiene la intención de reabrir negociaciones con las autoridades para revisar o eliminar la limitación.