Conflicto regulatorio emerge en destinos turísticos mexicanos donde el hospedaje convencional enfrenta competencia de plataformas de renta vacacional. En Quintana Roo, el sector hotelero busca integrar restricciones más severas en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) municipal, argumentando que el crecimiento acelerado de estas unidades genera competencia desleal y presiona infraestructuras urbanas no diseñadas para este uso.

Actualmente, Cancún registra 6,264 unidades de renta vacacional, mientras que a nivel estatal la cifra supera las 22 mil unidades activas con tasas de ocupación entre 40% y 60%. Aunque estas operaciones deben cumplir requisitos como registro en el Registro Estatal de Turismo (Retur-Q), licencia municipal, autorización de Protección Civil y pago de impuestos (incluyendo el 6% de Hospedaje), los hoteleros argumentan que la regulación actual resulta insuficiente. Quienes operan sin registro pueden enfrentar multas de hasta 100 mil pesos y prohibición de aparecer en plataformas digitales, pero la aplicación de estas sanciones permanece inconsistente.

La presión del sector busca que las autoridades municipales cuenten con herramientas jurídicas más robustas para controlar el uso de suelo y evitar que estas rentas se desarrollen de manera indiscriminada en zonas residenciales y fraccionamientos carentes de infraestructura adecuada. El debate refleja una tensión más amplia en destinos turísticos: cómo equilibrar la innovación en modelos de hospedaje con la protección de inversiones tradicionales y la preservación de la calidad urbana. Sin fecha definida aún para la aprobación del nuevo PDU, el sector hotelero mantiene seguimiento cercano del proceso normativo.