Comunidades del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca enfrentan una encrucijada entre el desarrollo infraestructural federal y la preservación de sus territorios ancestrales. El Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia de San Pedro Huamelula han expresado preocupación creciente por los impactos que traerá consigo la ampliación y modernización del Eje Carretero Salina Cruz–Zihuatanejo, un corredor estratégico que conecta con destinos turísticos de relevancia nacional como Acapulco, Puerto Escondido y Huatulco.

Paralelamente, la región experimenta una acelerada especulación territorial. Se ha documentado la venta de terrenos a personas externas a la comunidad, acompañada de actividades destructivas como la tala y quema de vegetación, así como la extracción indiscriminada de arena, grava y otros materiales. Estas prácticas representan una amenaza directa para ecosistemas frágiles: manglares, humedales, dunas, playas, selva baja, bosques y cuerpos de agua que históricamente han sustentado la vida en la región. El fenómeno responde a una tendencia más amplia de promoción y venta de terrenos a inversionistas externos, transformando el paisaje costero y comprometiendo los recursos naturales de propiedad comunal.

En respuesta, la Asamblea General de Comuneros aprobó recientemente el Estatuto de Bienes Comunales de San Pedro Huamelula, un instrumento jurídico que busca fortalecer la organización interna, establecer bases para la defensa colectiva del territorio y reafirmar el poder de decisión de la asamblea como máxima autoridad sobre el destino, protección, aprovechamiento y defensa de los bienes comunales. Este movimiento refleja una estrategia de resistencia institucional ante presiones externas que amenazan tanto la integridad ambiental como los derechos territoriales de comunidades históricamente marginadas en los procesos de desarrollo nacional.