Operadores de delfinarios en México, incluyendo instalaciones en Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato, Guerrero y Ciudad de México, han presentado amparos para impugnar el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe los espectáculos, el uso comercial y la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio. Esta reforma, aprobada el año pasado, fue impulsada tras casos documentados de deterioro en la salud de ejemplares mantenidos en cautiverio.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intensificado la aplicación de esta normativa. En mayo de 2025, clausuró de manera definitiva un delfinario operado por Acuario Arrecifal, acompañando la decisión con una multa de 7,526,240 pesos mexicanos. La autoridad ambiental detectó irregularidades que violaban tanto la Ley General de Vida Silvestre como la norma oficial mexicana NOM-135-Semarnat, que establece estándares de trato digno hacia la vida silvestre.

Este conflicto regulatorio representa un punto de inflexión en la política ambiental mexicana, con implicaciones directas para la industria del turismo y entretenimiento. Los amparos presentados buscan revocar las prohibiciones de reproducción y espectáculos acuáticos, mientras que organizaciones ambientales monitorean el proceso legal. El resultado de estos litigios definirá el marco normativo para operaciones con fauna silvestre en el país durante los próximos años.